El Presidente acaba de designar a
cinco profesionales para conformar un nuevo Directorio en la Superintendencia
de Administración Tributaria. Son nombres que ya tuvieron participación
anteriormente dentro de la institución en diversos puestos. María Elena Ávila
desarrolló una amplia carrera dentro de la SAT, llegando a ocupar el puesto de
Intendente de Fiscalización en tiempos de Carolina Roca, sustituyéndola en el
puesto en algunas ocasiones. Jorge Enrique Dávila Martínez, se desempeñó en
distintas áreas de la Intendencia de Fiscalización. Donato Santiago Monzón
Villatoro, fungió como Gerente de Planificación y Desarrollo Institucional
cuando el Superintendente de Administración Tributaria era Marco Tulio Abadío
Molina, quien no es de grata recordación para la institución. En el caso de
Francisco Óscar Rolando Zetina Guerra, personalmente no lo recuerdo en la
institución, sin embargo me han comentado que prestó asesorías en tiempos de
Carolina Roca. En cuanto a Carlos Enrique Núñez Álvarez su carrera
administrativa se ha llevado en su mayoría en el Ministerio de Finanzas
Públicas en donde se desempeñó como Director de Asuntos Jurídicos y Asesor del
Despacho Ministerial. Del grupo de profesionales designados, tanto Núñez
Álvarez como Zetina Guerra son quienes menos experiencia muestran dentro de la
propia institución en mandos altos. En lo que respecta a María Elena Ávila,
Jorge Enrique Dávila Martínez y Donato Santiago Monzón Villatoro se espera que
conozcan más la dinámica de la institución y del quehacer tributario, pues se
da por sentado que conocen la
operatividad.
El nombramiento de este nuevo
Directorio no ha estado fuera de polémicas, en virtud que en círculos de
profesionales tributarios, se menciona que representan “más de lo mismo”. Derivado
de ello, en el desempeño de los cargos designados, las acciones que implementen
para rescatar la institución serán vigiladas; se esperará que se hagan
responsables de las decisiones que asuman como ente colegiado encargado de
dirigir la política de la Administración Tributaria y velar por el buen funcionamiento
de su gestión, incluyendo el cumplimiento de las metas de recaudación.
Entre las críticas que se le
hicieron al anterior Directorio estaba que se les consideraba como una figura
decorativa, encargada únicamente de ver aspectos más bien superfluos, tales
como aprobar presupuestos, licitaciones, etc. dejando la
responsabilidad total en la figura del Superintendente, lo que trajo consigo
que no existiera esa vigilancia que demanda la propia Ley Orgánica de la
institución.
El trabajo que les espera a los
nuevos directores es fuerte. Demandará de ellos bastante tiempo, mucho más de
las que dedicarán en las reuniones semanales a las que se les convocará.
Deberán indagar e interesarse frecuentemente respecto de la buena marcha de los
asuntos de la SAT. De ninguna manera se aceptará que ellos no tengan incidencia
dentro de la institución. Recordemos que los miembros del Directorio no son
considerados como empleados de la SAT, por lo que continuarán con sus oficinas
u otros medios de desempeño laboral, esto implicará una gran carga de trabajo, situación
de la que estaban plenamente conscientes al momento de postularse a dicho
cargo. En todo caso, deberán saber que muchos ojos estarán observando su
desempeño.
Por otra parte, desde el Congreso
de la República suenan vientos de cambios estructurales para la SAT, entre los
mismos se habla de sustituir al Directorio por una Comisión Técnica de Finanzas
Públicas, conformada por representantes de la propia SAT, del Ministerio de
Finanzas Públicas, del Banco de Guatemala y de la Segeplan. Al respecto, se
entienden las razones por las que quieren incorporar a estas dependencias en
esta comisión, tomando en cuenta que las mismas forman parte del sector
financiero del Estado; sin embargo, para implementar reformas de este tipo debe
tomarse en cuenta la autonomía que goza la institución y la responsabilidad que
se le dotará a esta Comisión; sin dejar de lado, claro está, la responsabilidad
institucional que recae sobre el Superintendente, quien en todo caso no debe dejar
de ser el funcionario de mayor jerarquía y por lo tanto encargado plenamente
del desempeño de una dependencia vital para el Estado.
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