Retomando actividades

A quienes nos hacen el honor de leer estas líneas, deseamos que tengan unas felices Pascuas de Resurrección. Iniciamos esta etapa post Semana Santa, con las pilas cargadas, luego de un descanso, el que esperamos haya sido reparador.

Interesantes noticias surgieron durante el descanso de la Semana Mayor, tal es el caso de la sorpresiva convocatoria a sesión extraordinaria que hicieron los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el 21 de marzo, ¡¡Lunes Santo!!, para conocer de la solicitud de antejuicio del diputado Gudy Rivera, por presionar a la entonces Magistrada Claudia Escobar para favorecer al Partido Patriota en una resolución de Amparo. Los diarios y las redes sociales saltaron inmediatamente ante semejante noticia, tomando en cuenta que resultaba demasiado sospechoso que la Corte Suprema de Justicia, convocara a una sesión extraordinaria para tratar este caso, en el cual incluso el inculpado se encuentra en prisión preventiva y una resolución al respecto podría entorpecer el proceso que el Ministerio Público y la CICIG sigue en su contra.

Para satisfacción de la mayoría, la Corte Suprema de Justicia resolvió que el ex diputado ya no goza de antejuicio y debe enfrentar a la justicia como un ciudadano común y corriente, por lo que envió el expediente al Juzgado penal correspondiente para que continúe el trámite respectivo.

En otra noticia surgida durante la Semana Santa, el Ministerio de Finanzas Públicas, según información del 22 de marzo de este vespertino, hizo su novena licitación del año, colocando 80.75 millones de quetzales en bonos del tesoro, lo cual no tendría nada de extraordinario, a no ser que esta nueva colocación de deuda, nos vuelve a traer a la mente el hecho que la Administración Tributaria no está llegando a las metas de recaudación, tal como sucedió en años anteriores, por lo que el Gobierno debe seguir recurriendo a endeudamiento para agenciarse de los ingresos suficientes para cumplir precariamente con sus obligaciones.

Por otra parte, estamos estrenando nuevo Superintendente de Administración Tributaria. El Presidente de la República, nombró al Licenciado Juan Francisco Solórzano Foppa, quien según la información proporcionada por el Ministerio de Finanzas Públicas, es Abogado y Notario, cuenta con una Maestría en Derecho Procesal y estudios en criminalística dentro de la Administración de Justicia, además de estudios en el exterior en materia de justicia criminal y prevención del crimen, tráfico de drogas relacionado con internet y técnicas de litigación oral; dispone de una amplia experiencia profesional en el área jurídica, económica, financiera, con más de 12 años dentro del Ministerio Público, en la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, teniendo luego a su cargo, la Unidad de Análisis.

Este currículum nos muestra a un profesional con amplia experiencia en materia de investigación criminal; no obstante, creemos que este no es el perfil que necesita la SAT para el Superintendente. Se deja de lado la experiencia tributaria y el conocimiento de finanzas públicas que debe contar el Jefe de la Autoridad Tributaria.

No obstante, esperamos que el Licenciado Solórzano Foppa se rodee y se haga asesorar de un grupo de personas correctas, que lo ayuden en el ámbito tributario y que su gestión no solamente se circunscriba a realizar investigaciones penales o criminales en esa área, tomando en cuenta que la entidad encargada de la misma es el Ministerio Público.

Ya en una entrevista concedida a un medio de comunicación durante la semana anterior, manifestó que conformaría un equipo multidisciplinario que lo complementará en la ardua tarea que aceptó llevar a cabo. Este equipo debe pasar por un exigente proceso de reclutamiento que asegure que las personas que lo conforman, no solamente sean capaces sino que también sean honorables.

Desde ASPRODECO nos permitimos manifestar al nuevo Superintendente de Administración Tributaria que le deseamos la mejor de las gestiones, pero que también estaremos vigilantes en su actuar y el de las personas que designe, teniendo siempre como objetivo el respeto a los derechos de los contribuyentes, quienes como ya hemos mencionado en otras columnas, son quienes mantienen a la Administración Tributaria.

Un nuevo Directorio para la SAT

El Presidente acaba de designar a cinco profesionales para conformar un nuevo Directorio en la Superintendencia de Administración Tributaria. Son nombres que ya tuvieron participación anteriormente dentro de la institución en diversos puestos. María Elena Ávila desarrolló una amplia carrera dentro de la SAT, llegando a ocupar el puesto de Intendente de Fiscalización en tiempos de Carolina Roca, sustituyéndola en el puesto en algunas ocasiones. Jorge Enrique Dávila Martínez, se desempeñó en distintas áreas de la Intendencia de Fiscalización. Donato Santiago Monzón Villatoro, fungió como Gerente de Planificación y Desarrollo Institucional cuando el Superintendente de Administración Tributaria era Marco Tulio Abadío Molina, quien no es de grata recordación para la institución. En el caso de Francisco Óscar Rolando Zetina Guerra, personalmente no lo recuerdo en la institución, sin embargo me han comentado que prestó asesorías en tiempos de Carolina Roca. En cuanto a Carlos Enrique Núñez Álvarez su carrera administrativa se ha llevado en su mayoría en el Ministerio de Finanzas Públicas en donde se desempeñó como Director de Asuntos Jurídicos y Asesor del Despacho Ministerial. Del grupo de profesionales designados, tanto Núñez Álvarez como Zetina Guerra son quienes menos experiencia muestran dentro de la propia institución en mandos altos. En lo que respecta a María Elena Ávila, Jorge Enrique Dávila Martínez y Donato Santiago Monzón Villatoro se espera que conozcan más la dinámica de la institución y del quehacer tributario, pues se da  por sentado que conocen la operatividad.

El nombramiento de este nuevo Directorio no ha estado fuera de polémicas, en virtud que en círculos de profesionales tributarios, se menciona que representan “más de lo mismo”. Derivado de ello, en el desempeño de los cargos designados, las acciones que implementen para rescatar la institución serán vigiladas; se esperará que se hagan responsables de las decisiones que asuman como ente colegiado encargado de dirigir la política de la Administración Tributaria y velar por el buen funcionamiento de su gestión, incluyendo el cumplimiento de las metas de recaudación.

Entre las críticas que se le hicieron al anterior Directorio estaba que se les consideraba como una figura decorativa, encargada únicamente de ver aspectos más bien superfluos, tales como aprobar presupuestos, licitaciones, etc. dejando la responsabilidad total en la figura del Superintendente, lo que trajo consigo que no existiera esa vigilancia que demanda la propia Ley Orgánica de la institución.

El trabajo que les espera a los nuevos directores es fuerte. Demandará de ellos bastante tiempo, mucho más de las que dedicarán en las reuniones semanales a las que se les convocará. Deberán indagar e interesarse frecuentemente respecto de la buena marcha de los asuntos de la SAT. De ninguna manera se aceptará que ellos no tengan incidencia dentro de la institución. Recordemos que los miembros del Directorio no son considerados como empleados de la SAT, por lo que continuarán con sus oficinas u otros medios de desempeño laboral, esto implicará una gran carga de trabajo, situación de la que estaban plenamente conscientes al momento de postularse a dicho cargo. En todo caso, deberán saber que muchos ojos estarán observando su desempeño.

Por otra parte, desde el Congreso de la República suenan vientos de cambios estructurales para la SAT, entre los mismos se habla de sustituir al Directorio por una Comisión Técnica de Finanzas Públicas, conformada por representantes de la propia SAT, del Ministerio de Finanzas Públicas, del Banco de Guatemala y de la Segeplan. Al respecto, se entienden las razones por las que quieren incorporar a estas dependencias en esta comisión, tomando en cuenta que las mismas forman parte del sector financiero del Estado; sin embargo, para implementar reformas de este tipo debe tomarse en cuenta la autonomía que goza la institución y la responsabilidad que se le dotará a esta Comisión; sin dejar de lado, claro está, la responsabilidad institucional que recae sobre el Superintendente, quien en todo caso no debe dejar de ser el funcionario de mayor jerarquía y por lo tanto encargado plenamente del desempeño de una dependencia vital para el Estado.